El proyecto obtuvo el miércoles de esta semana el dictamen en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales.
La Cámara de Diputados de Argentina se prepara para enfrentar un acalorado debate sobre el proyecto de Ley de Ficha Limpia, el cual tiene previsto ser tratado en una sesión especial el próximo miércoles 12 de febrero a partir de las 10 de la mañana.
La polémica iniciativa busca impedir que individuos con antecedentes penales puedan ocupar cargos públicos, una medida que ha suscitado división entre los legisladores y partidos políticos, generando un intenso cruce de posturas y argumentos en la arena política.
El proyecto, que ya ha obtenido dictamen favorable en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, es impulsado principalmente por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, quienes han presionado para que sea tratado de manera urgente en el recinto. Estos partidos han expresado su firme apoyo a la incorporación de la figura de «Ficha Limpia» en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, con el objetivo de elevar los estándares éticos y combatir la corrupción política en el país.
Sin embargo, no todos los legisladores comparten la misma visión sobre los términos del proyecto. La diputada Mónica Litza, representante del bloque Unión por la Patria, defendió la posición de su grupo al argumentar que se busca una ampliación de los delitos comprendidos en el proyecto de ley original. Sostiene que no sólo se deben incluir delitos dolosos, sino también aquellos que, como los actos de contrabando, afectan directamente la integridad política y económica de la nación.
Por otro lado, otros legisladores critican lo que consideran una errónea interpretación y aplicación del concepto de «Ficha Limpia». Nadia Márquez, diputada libertaria, arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner, sugiriendo que la oposición a la ley más bien proviene de quienes tienen antecedentes cuestionables. Mientras tanto, en el espectro más centrista, figuras como Margarita Stolbizer llaman a no sobrevalorar la capacidad del proyecto para erradicar la corrupción política estructural en Argentina, destacando que el problema radica en la falta de transparencia en los patrimonios personales de muchos políticos.
Además, hay voces como la del diputado Fernando Carbajal que han lanzado advertencias sobre la falta de precisión jurídica que podría presentar la normativa en cuestión. Según ahonda, implicaciones judiciales de gran impacto podrían derivarse de una redacción legislativa insuficientemente informada, razón por la cual insta a un mayor asesoramiento con el Poder Ejecutivo.
La sesión del próximo miércoles promete ser un escenario de contundentes enfrentamientos ideológicos, donde más allá de las diferencias, estará en juego definir una serie de marcos legales fundamentales para la participación política en Argentina, en un contexto de crecientes demandas de transparencia y ética en la función pública.